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PAGO DE INTERESES DEL 20% DE LA LEY DE CONTRATO DE SEGURO

En pluralidad de ocasiones se discute, cuando un asegurador esta obligado al pago de intereses del 20% de la Ley de Contrato del Seguro, cuando producido un siniestro no se indemniza al perjudicado.

 

            La apreciación de la conducta de la aseguradora, para determinar si concurre causa justificada para la no imposición de los intereses del citado precepto, ha de hacerse caso por caso teniendo en cuenta la finalidad del precepto que no es otra que impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados, descartando también que la mera existencia de un proceso, o el hecho de acudir al mismo, sea causa per se justificada del retraso, ni, en consecuencia, que el proceso constituya un óbice para imponer a la aseguradora los intereses, siempre que no se aprecie una autentica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional, pues de no entenderlo así, se llegaría al absurdo de que la mera oposición procesal de la aseguradora generadora por sí de la controversia, eximiría de pagar intereses. También la oposición que llega  a un proceso hasta su terminación normal por sentencia, que agota las instancias e incluso acude a casación, no puede considerarse causa justificada o no imputable, sino todo lo contrario.

            Se consideran causas justificadas que liberan al asegurador del pago de intereses moratorios las siguientes: 1º siempre que la determinación de la causa de la obligación de pago del asegurador haya de efectuarse por el órgano jurisdiccional, en especial cuando se discute racionalmente la realidad del siniestro. Dicho de otro modo, cuando la controversia entre las partes gira en torno, no a la cuantía o importe exacto de la indemnización, sino en torno a la procedencia o no de la cobertura del siniestro. 2º De forma más restrictiva, también se ha considerado causa justificada la necesidad de acudir al órgano judicial para la fijación exacta de la indemnización ante la existencia de discrepancias entre las partes. La jurisprudencia ha ido evolucionando hacia un mayor rigor, para con las aseguradoras, de manera que únicamente probado el carácter justificado, no imputable a culpa o negligencia propia, de tales discrepancias, quedan liberadas del pago del interés del articulo 20. Asimismo, relacionado con el brocardo in iliquidis non fit mora, y con su reciente interpretación jurisprudencial, la mera  iliquidez no es en sí excusa razonable para que el asegurador pueda demorar el pago. Las recientes sentencias de 5 de octubre de 2006 y 4 de junio de 2007 muestran que la doctrina ha ido evolucionando hacia un mayor rigor para con las aseguradoras, de modo que el asegurador esta obligado a pagar o consignar la indemnización sin que pueda excusar la iliquidez ya que el derecho a la indemnización nace con el siniestro y la sentencia que finalmente fija el quantum tiene naturaleza declarativa, no constitutiva, es decir, no crea un derecho ex novo, sino que se limita a determinar la cuantía de la indemnización por el derecho que asiste al asegurado desde que se produce el siniestro cuyos riesgo es objeto de cobertura.

            En conclusión, la mera discrepancia sobre la cuantía  indemnizatoria muy raramente puede justificar el impago, de manera que, si la cuantía estaba fijada en la póliza de manera predeterminada, o si se liquido ex art 38 LCS por dictamen pericial al que la aseguradora haya dado su conformidad expresa o tacita ( tiene el deber de emplear la mayor diligencia en la rápida tasación para facilitar que el asegurado obtenga la pronta reparación de sus perjuicios), o cuando la causa de la cantidad y la cantidad misma se encuentran previamente determinadas por vía contractual o por otra causa eficiente, no cabe apreciar causa justificada y procede la imposición de intereses.

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