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TITULOS PROFESIONALES

El 2 de julio de 2009 se publico en el BOE el Real Decreto 973/2009, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la Marina Mercante. Acto seguido el colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española interpuso recurso contencioso-administrativo solicitando que dicho Real Decreto se declaraba nulo por no haber sido sometido al informe del Consejo General de Formación Profesional. Además, pide subsidiariamente la nulidad de los artículos 8, 9, 14, 15, 37, (apartados 6 y 7) y de la disposición adicional quinta. Las razones son las siguientes: en primer lugar, considera que no es posible equiparar las titulaciones y los módulos profesionales, ni tampoco que se incrementen las atribuciones de mando sin un correlativo incremento de formación, especialmente en materia peligrosa. En segundo lugar, la autorización a los extranjeros para ejercer en buques mercantes españoles resulta discriminatoria respecto a los profesionales españoles y, además, contraria a la seguridad jurídica. Y en tercer lugar, la creación  de un nuevo título profesional mediante una norma reglamentaria vulnera la reserva de Ley establecida en el articulo 36CE.

 

            Tribunal Supremo: desestima el recurso en base a lo siguiente:

I.- Con respecto al informe del Consejo General de Formación Profesional, resulta de aplicación el artículo 83.1 de la Ley 30/1992, por lo que la omisión de dicho informe es meramente facultativo y, por tanto, no supone ninguna tacha de legalidad de la disposición impugnada.

II.- Sobre la impugnación del artículo 8 del Real Decreto  973/200: en primer lugar, no se puede oponer a un Real Decreto supuestas exigencias de desarrollo formuladas por disposiciones reglamentarias anteriores del mismo rango. En segundo lugar, porque el artículo 45 del Real Decreto 1538/2006 tiene por objetivo la convalidación entre módulos profesionales de distintos ciclos formativos, lo que no afecta necesariamente a la equiparación de los títulos académicos y certificados de profesionalidad que se contemplan en el precepto impugnado. En lo que respeta a la impugnación de los artículos 9, 14, y 15 del citado Real Decreto, en la relación con ellos se objeta la equivalencia entre las titulaciones y certificados de profesionalidad mencionados en los correspondientes preceptos y el incremento de atribuciones, así como la supresión de la excepción relativa al transporte de mercancías peligrosas.

III.- Acerca de la impugnación del artículo 37: en cuanto a la alegación sobre el apartado 6; requiere un determinado procedimiento especifico de reconocimiento mediante refrendo de un titulo expedido y ya refrendado por otro estado, distinto al de quienes obtienen una titulación española y pretenden ejercerla durante  cuya tramitación se contempla la posibilidad de una autorización provisional para ejercer las correspondientes funciones profesionales. Las evidentes diferencias de situación y procedimiento administrativo para el ejercicio de las respectivas titulaciones profesionales – expedidas en España y por otros estados firmantes del Convenio STCW – impiden en todo punto efectuar una comparación entre ambas situaciones desde la perspectiva del principio de igualdad de trato garantizado por el artículo 14 de la Constitución. Respecto al apartado 7 del artículo 37: el precepto se limita a obligar a la empresa naviera que incorpora a un sujeto con autorización provisional para el ejercicio de sus funciones por estar su titulo sometido al referido procedimiento de reconocimiento a asegurar las eventuales responsabilidades civiles derivadas del ejercicio de tales funciones y de su presencia a bordo. De tal forma que las responsabilidades derivadas del ejercicio de sus funciones y de la permanecía a bordo de alguien cuyo título fuese finalmente no reconocido o resultase inexistente están sin duda comprendidos en la obligación de aseguramiento estipuladas por el precepto.

IV.- Con respecto a la disposición adicional quinta: el certificado de patrón profesional de embarcaciones de recreo no atribuya a los capitanes de yate competencias que no posean previamente, simplemente reglamenta el ejercicio de dicha titulación cuando se haga con carácter profesional, así como la dedicación profesional al gobierno de las embarcaciones de recreo de las demás titulaciones profesionales  enumeradas en el apartado 2. Todo lo cual redunda en un mayor control y seguridad de la práctica profesional del gobierno de las embarcaciones de recreo y entra dentro de las facultades del titular de la potestad reglamentarias.

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