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EL PAGO DEL PORTE AL PORTEADOR EFECTIVO

           La Disposición Adicional Sexta de la Ley 9/2013, de 4 de julio, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, dice: “Acción directa contra el cargador principal en los supuestos de intermediación. En los supuestos de intermediación en

la contratación de transportes terrestres, el transportista que efectivamente haya realizado el transporte tendrá acción directa por la parte impagada, contra el cargador principal y todos los que, en su caso, le hayan precedido en la cadena de subcontratación, en caso de impago del precio del transporte por quien lo hubiese contratado, salvo en el supuesto previsto en el artículo 227.8 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre.

            La principal cuestión controvertida en relación con dicha acción, era si en sintonía con el articulo 1597 CC, el cargador principal solo responderá hasta la cantidad que adeude al porteador intermedio, o si habrá que hacerlo, aun sin deber nada a dicho transportista intermedio, a modo de garante de transportista efectivo.

            La Disposición Adicional transcrita no indica expresamente si la obligación del cargador lo es a todo evento (incluso aunque haya pagado su porte) o queda limitada a lo que él adeude a su porteador cuando se le hace la reclamación por el tercero.

            En el Anteproyecto y en el Proyecto de la Ley 9/2013 se optaba por dar a la acción un alcance similar a las del art. 1597 CC y el art. 10 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, porque figura una limitación expresa a lo que se hubiera pagado.

            Sin embargo resulta relevante que en la tramitación parlamentaria se eliminara es limitación de que únicamente pudiera reclamarse lo que el cargador principal adeudara al intermediario. Lo que, por lo demás, resulto acorde con la previsión del Código de Comercio francés (L-132.8), en gran medida fuente inspiradora de nuestra reforma legal, ya que se acepto transaccionalmente  una enmienda que postulaba una regulación idéntica.

            A ello contribuye también una interpretación finalista (art 3 CC). La Ley ha pretendido responder a una reivindicación secular de los transportistas para la adopción de mecanismos que aseguren el cobro del transporte, en un sector de gran importancia económica caracterizado por la presencia de empresas de pequeño tamaño, en las que el impago de sus servicios puede comprometer su propia viabilidad. Entre tales reivindicaciones, la más sostenida ha sido la imposición de alguna garantía a favor de los transportistas finales, como parte más débil de la cadena de transporte.

            La novedad esencial que supuso el cambio de redacción en la tramitación parlamentaria fue que la acción directa puede ejercitarla el transportista  efectivo con independencia que el reclamado ( el cargador principal o un subcontratista intermedio) hubiera o no satisfecho el porte al operador de transporte a quien hubiera encargado su ejecución. Es decir la Disposición Adicional Sexta LOTT no supedita el ejercicio de la acción directa contra el cargador a que este no haya abonado el porte al porteador contractual, de manera que esta acción directa del porteador efectivo existe con  independencia del crédito del porteador frente a su cargador.

            De todo ello cabe concluir que la acción directa regulada en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 9/2013 de 4 de julio, es un instrumento jurídico, que incorpora una garantía adicional de pago, pues constituye al cargador principal y a los subcontratistas intermedios en garantes solidarios del pago del precio al transportista final, aunque ya hubieran pagado al subcontratista al tiempo de recibir la reclamación del transporte efectivo.

            En suma, se trata de una acción directa a favor del que efectivamente ha realizado los portes frente a todos aquellos que conforman la cadena de contratación hasta llegar al cargador principal, como instrumento de garantía de quien ha realizado definitivamente el transporte.

 

Jorge Selma Garcia-Faria

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